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3 de junio de 1922 cuando el Estado nacional creó por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hito fundamental en la historia del petróleo en la Argentina.

«Lo que en primer término ha establecido la Constitución es que sus prescripciones tienen por objeto asegurar el bienestar de los habitantes de la Nación. Pues bien: para ello será indispensable que el Estado, con unidad de criterio y de principios, pueda vigilar la explotación de esta fuente inapreciable de riqueza pública, caracterizada como una de las fuerzas vitales de toda soberanía y metodizar asimismo su técnica, regularizar su utilización, ejercer contralor en el mercado y evitar la organización de entidades poderosas que puedan causar al país perturbaciones económicas y políticas», analizaba Enrique Mosconi.